Desde el 2004 hasta el 2018, la influencia de las consejerías en el Ministerio, ha ido ganando peso y espacio, pasando de acatar las decisiones en materia de medicamento que eran emitidas por la Dirección General de Farmacia (desde 2004 a 2012), a incluir como decisor a algunas comunidades autónomas (a partir de 2012). Con un modelo rotatorio de 2 comunidades con voz y voto en la reunión y 2 con solo voz, al modelo actual, mucho más participativo (desde mayo de 2017) con 3 comunidades con voz y voto y tres comunidades solo con voz, quedando en el conjunto de la Comisión interministerial de precios con un peso del 42,8%.

El modelo inicial de Market Access fue generado para entender las funciones y directivas que las Comunidades Autónomas iban a tomar para conseguir mantener y mejorar el sistema sanitario público con los recursos que eran pactados desde el presupuesto interno de sus propias comunidades. Pero tanto el sistema sanitario autonómico como el modelo de Market Access de la industria no ha parado de cambiar, aprendiendo y adaptándose.

Las Comunidades Autónomas deciden cada 4 años sus prioridades sanitarias, donde ponen el foco en qué deben desarrollar, y para ello presentan desde el nivel político sus programas sanitarios que son recogidos por los directivos y gestores. Con estás directrices las comunidades desarrollan, sus planes de salud y vías de consecución como son los PAI (planes de asistencial integral).

Los órganos gestores de la administración emiten sus contratos de gestión, donde publican los objetivos y como conseguirlos para que los facultativos se adhieran a los objetivos de la consejería.

Sin olvidar que cada día hay más organismos autonómicos en formato de comisiones pluridisciplinares que son diseñadas y orquestadas por las consejerías, con la función de evaluar y clasificar los fármacos en función de unos criterios preestablecidos (impacto presupuestario, población diana, necesidad no cubierta…).

La evolución del Market Access dentro de estos 14 años, ha discurrido paralelamente a la de las consejerías de sanidad. De identificar y entender las funciones de los nuevos interlocutores, los proyectos sanitarios autonómicos y sus objetivos, y ver como éstos eran percibidos por el Ministerio e influían dentro de las medidas nacionales. A participar como partner de la administración tanto regional como nacional en la detección de mejoras e implementación de estrategias.

La evolución del interlocutor ha obligado a la evolución del Market Access, desde la situación inicial de requerimiento en titulación en ciencias de la salud, hasta las capacidades que son valoradas en la actualidad, de conocimiento del entorno sanitario y político, titulación sanitaria o en politología, conocimiento de la legislación sanitaria vigente y los reales decretos que afectan a la financiación de los productos, formación en farmacoeconomía y capacidad de modelizar impactos autonómicos y nacionales.

Sabidas las competencias necesarias, cada empresa diseña de acuerdo con su porfolio y posibilidades sus departamentos de acceso al mercado, modelizando a partir de las consejerías de sanidad y en especial sus direcciones de atención farmacéutica, asistencia sanitaria y salud pública, el número de empleados y distintos focos, situado en política sanitaria y/o bajando al plano gestor que engloba desde el diseño de planes de salud a la confección de los contratos de gestión.

Dando otra vuelta de tuerca, podemos de un vistazo, ver como la industria farmacéutica está virando de un entorno de receta de oficina de farmacia (retail) a un entorno hospitalario, mucho más selectivo, con medicamentos de alto impacto económico y población diana específica. Este cambio también está afectando a la estructura de Market Access, que aunque en el pasado podía apalancarse mucho más en las relaciones institucionales, hoy tiene que concretar e ir mucho más enfocada a producto, introduciendo a las direcciones de recursos económicos dentro de su paraguas de interacción, y aprendiendo las tendencias de los concursos y licitaciones a nivel autonómico, que se utilizan desde las administraciones regionales para conseguir optimizar precios en el mercado innovador.