En un entorno de evidente crisis económica, el ámbito de la salud está sufriendo ajustes muy relevantes que afectan, entre otros aspectos, a la capacidad de los gestores públicos para dar acceso a los pacientes a nuevos tratamientos, aquellos que aportan una evidente mejora terapéutica respecto a los actuales.
El Sistema Nacional de Salud, igual que otras macro-partidas de la Administración, vive un momento de acuciante necesidad de reducir gastos, y ello supone un riesgo evidente de que los pacientes dejen de tener acceso a los mejores medicamentos.
Todos aceptamos que existe un desequilibrio entre las necesidades de salud de la población y la capacidad financiera del sistema público. Por ello, estamos de acuerdo en que los gestores de la Sanidad Pública deben ajustar y reorientar los gastos para optimizar los recursos públicos en busca de la eficiencia del sistema. El reto se centra en el ‘cómo’ llevarlo a cabo, y es aquí donde, entre todos los que formamos el sistema de salud de nuestro país, debemos buscar fórmulas que garanticen que los pacientes sigan accediendo a los mejores tratamientos existentes.
Si el paciente es el objetivo común de los administradores, los profesionales sanitarios y también de la industria, no podemos aceptar que el principal afectado actualmente por los recortes sea precisamente este colectivo. Limitar el acceso a los mejores tratamientos existentes debería ser la última medida a adoptar, pues es en sí la evidencia de que el sistema no es capaz de asumir la esencia de su funcionamiento: salvar vidas o mejorar la calidad de vida de las personas.
La investigación y desarrollo de nuevos medicamentos a lo largo de la historia ha sido y es la base principal gracias a la cual hoy pueden curarse o cronificarse enfermedades antes mortales.
La industria tiene un papel fundamental para seguir investigando y desarrollando nuevos tratamientos. Ese compromiso sigue activo por nuestra parte. A pesar de que lógicamente no somos ajenos al contexto de crisis, mantenemos inalterada nuestra visión de seguir invirtiendo grandes recursos en investigar y desarrollar nuevos fármacos que aporten un valor real sobre los tratamientos actuales. Pero necesitamos el apoyo de los gestores sanitarios para que esas innovaciones puedan estar a disposición de los pacientes cuanto antes y requerimos una visión estratégica y no cortoplacista, para, por ejemplo, aceptar que hoy la innovación farmacológica es básicamente incremental, y no disruptiva. Sin una fórmula pactada por todos los agentes del sistema para garantizar el retorno de la inversión que genera innovación incremental, ponemos en peligro no sólo el acceso a mejores medicamentos hoy, sino sobretodo a alcanzar hito de supervivencia y calidad de vida relevantes en el medio y largo plazo.
En Sanofi hace años que apostamos por innovar todos nuestros procesos de investigación y desarrollo científico, con el objetivo precisamente de adaptarnos a los retos que el entorno nos iba a plantear. Uno de ellos es, sin duda, el hecho que cada vez debemos investigar en nichos terapéuticos más específicos (gracias en gran medida al avance en los tratamientos de las principales enfermedades).
Es obvio que el contexto ahora requiere de un esfuerzo de todos para garantizar la sostenibilidad del sistema. Pero esa sostenibilidad no debe perjudicar los estándares de calidad asistencial ni tampoco el acceso a fármacos innovadores que mejoran los tratamientos actuales.
No podemos aceptar que los pacientes, que son el objetivo final de todos los que formamos el Sistema de Salud, no puedan acceder, por cuestiones económicas, a mejoras que pueden curar su enfermedad o mejorar su calidad de vida. Y mucho menos podemos aceptar que, en función de la CCAA en la que resida, tenga más o menos oportunidades de acceder a la innovación.
Sanofi y el resto de la industria estamos dispuestos a buscar fórmulas para mejorar la financiación de fármacos basada en el coste-efectividad incremental y la desinversión en procedimientos, tecnologías y fármacos con bajo valor terapéutico. Al mismo tiempo requerimos que los procesos de evaluación (tanto de aspectos terapéuticos como económicos) sean transparentes, homogéneos entre territorios y pactados de forma clara con todos los agentes implicados en el proceso de innovación. Si cortamos el acceso de nuestros pacientes a la innovación terapéutica, eliminamos su única esperanza de cura.
Tampoco podemos cuestionar el hecho de que esas novedades terapéuticas cubran nichos de pacientes cada vez más específicos y, por lógica, más pequeños. La capacidad de innovar en medicamentos hoy es básicamente incremental y no por eso menos relevante para los pacientes. Como decía antes, la propia aportación de la investigación científica ha traído soluciones en el tratamiento de las enfermedades que afectan a los principales núcleos poblacionales, pero eso no debe significar una reducción de las oportunidades para aquellos pacientes que sufren enfermedades más específicas o en estadíos más avanzados. Cada vez más, la especificación que requiere la I+D conlleva mayor riesgo de no llegar al final del proceso de investigación. Ello genera un mayor coste en I&D, pero jamás puede ser considerado desmesurado si ello genera esperanza y cura a las personas hoy y mejoras substanciales de supervivencia mañana.
La innovación que aporte valor añadido a los tratamientos actuales debe potenciarse y garantizar su rápido acceso en España. Hay que hacer ajustes, todos somos conscientes, pero tenemos que encontrar otras vías para alinear los recursos disponibles con los gastos necesarios en materia de salud. Sostenibilidad sí; innovación, también.