España, con 7 millones de personas mayores de 65 años, ocupa actualmente el quinto lugar de la Unión Europea en población envejecida en cifras absolutas y las Naciones Unidas estiman que en 2050 será el país más viejo del mundo con 12,9 millones de mayores.

Para el Ministerio de Sanidad y Consumo son muchos los desafíos que se derivan de este hecho. Uno de los principales es cómo podrá sostenerse un sistema de salud con un aún mayor número de ancianos y la asimilación de un número de inmigrantes constantemente en alza –pero que lentifica, mediante su alta tasa de natalidad, el envejecimiento de la población española.

Actualmente, aún con esta incógnita por resolver, las autoridades parecen estar tratando al capítulo oncológico con un baremo diferente porque es en esta área donde se han autorizado más productos de precio elevado; quizás, como consecuencia del gran número de necesidades insatisfechas y la angustia social que provoca el tema.

Con este marco de referencia, preguntamos a tres líderes de opinión hasta que punto el precio de los productos oncológicos sería sostenible y cómo podría conformarse el escenario futuro. Ellos nos comentaron sus percepciones y nos describieron algunas de las posibles interacciones que podrían influir los posibles escenarios.

¿Cómo será el escenario más probable para recortar el gasto en el año 2016?
Los especialistas coinciden en que, si nos ponemos un horizonte de 10 años, el marco social y el tratamiento terapéutico serán diferentes. Estos factores tendrán una clara repercusión sobre cómo y en qué medida los políticos serán capaces de abordar el tema.

Desde un punto de vista social, se espera que España siga la tendencia de otros países donde se han desarrollado poderosos lobbies de pacientes. Una vez que estas organizaciones se pongan en acción, se revestirán de un gran poder y aprenderán a gestionarlo.

Los especialistas opinan que actualmente las organizaciones realizan acciones de tipo marginal, pero confían en que aprenderán a hacer presión sobre las autoridades sanitarias para lograr la financiación, el uso y la autorización de fármacos. No se percibe riesgo de que estos grupos se vuelvan contra la industria para que baje los precios, siempre que en el futuro no se imponga algún sistema de co-pago por los fármacos. En relación con esto último, la percepción de uno de los líderes es que, si los pacientes tuvieran que pagar, las relaciones con la Industria y el Gobierno serían más tensas y la presión social más intensa.

Si, como especulan los entrevistados, la mayor presencia de enfermos aumentase la sensibilidad política, el poder de persuasión de las organizaciones se incrementará proporcionalmente al número de pacientes con cáncer. En esas circunstancias, la sociedad que se vislumbra tendería a desmitificar la enfermedad; se pasaría de evitar incluso el mencionarla a hablar públicamente del “cáncer”.

En España, algunas empresas farmacéuticas ya se han dado cuenta de esto y han empezado a cobijar organizaciones de pacientes. Está claro que el éxito de estas organizaciones en áreas como la hemofilia o el VIH ha sido una fuente de ideas. También, de la experiencia podemos aprender el modo en que aumenta su poder mientras la sensibilidad social por el tema es alto. Según otro estudio con presidentes de organizaciones de ayuda para enfermos de SIDA (MG 2005), sus recursos e influencia política ha disminuido considerablemente desde que la enfermedad se cronificó y descendió la alarma social.

¿Cómo influirían los cambios terapéuticos en el gasto?
Probablemente, el gasto en oncología esté incrementándose en una proporción mayor que en otras ramas terapéuticas pero no todo es negativo. El escenario, desde un punto de vista terapéutico, es esperanzador y polifacético, por lo que cada aspecto afectará al presupuesto de forma diferente.

Por ejemplo, el desarrollo de un mayor y más efectivo número de diagnósticos tempranos disminuiría el número de pacientes con tratamientos largos y generaría un ahorro. Un ahorro que, se especula, estaría fundado en la menor proporción de pacientes en estados avanzados de la enfermedad.

El problema, según los entrevistados, lo constituyen los nuevos fármacos porque a la larga todas los tratamientos se incorporan ya sea a través de genéricos o por una disminución en el precio, probablemente, en el 2016 Herceptin sea un tratamiento poco costoso.

Una variable importante a la hora de considerar escenarios futuros para el recorte de gastos es el avance de los tratamientos. Según los especialistas, varios tipos de cáncer en fase avanzada podrían volverse crónicos.

Esta tendencia se ve claramente en el cáncer de mama y de colón. La adyuvancia en hormonoterapia para el cáncer de mama ha pasado de 5 a 10 años. En ambos casos, los índices de supervivencia se han incrementado muy rápidamente.

Actualmente se está logrando que los pacientes vivan más tiempo pero por el mantenimiento de tratamientos sucesivos; “estamos convirtiendo el cáncer en una enfermedad crónica”. Los especialistas también esperan que haya significativos avances en el índice de sobre-vivencia de cánceres tales como pulmón, mieloma y próstata. Todos estos logros terapéuticos se traducirían en un gasto mayor.

Por lo tanto, se asume que la sanidad pública tendrá que soportar una carga mayor debido a que ciertos tipos de pacientes con cáncer se volverán crónicos y vivirán más; los tratamientos por tanto serán más largos, y si no se revierte la tendencia, costosos.

Es evidente que tendrán que imponerse controles estrictos. Los oncólogos indican que lo más probable es que éstos se impongan desde los hospitales y se dirijan a tratamientos crónicos con alto nivel de uso. Para ellos, los tipos de cáncer susceptibles de una resección quirúrgica seguirán siendo tratados del mismo modo y a un coste parecido, por lo que no serán un inconveniente.

Algunos hospitales ya están dejando de ser benevolentes y se empieza a apoyar modelos más restrictivos donde la prescripción está muy condicionada por la indicación. Uno de los líderes consultados nos dice que esta tendencia llevará a una selección más exigente de los pacientes y al diseño de protocolos personalizados donde el tratamiento deberá estar perfectamente documentado.

Según los especialistas, con una mayor oferta de tratamientos, es muy posible que en el año 2016 los especialistas tengan que demostrar fehacientemente el beneficio terapéutico del tratamiento propuesto para obtener la financiación por parte de Sanidad. Sin embargo, aún con este telón de fondo, la Administración se vera obligada a negociar precios con la industria farmacéutica.

Los líderes de opinión, dan poco crédito a soluciones para frenar el gasto en oncología que no pasen por la negociación, ya que consideran que acarrearían un coste político difícil de sobrellevar. Entre ellas, se señala el hecho poco probable de establecer una edad límite para ser candidato a recibir algunos tratamientos; cosa que ninguno de los entrevistados supone que pudiera aplicarse en España.

Otra solución descartada por los entrevistados es la aplicación de un sistema de co-pago para los fármacos. Todos coinciden que sería improbable que se impusiera un sistema de este tipo, ya que el pago de una mínima parte de un tratamiento oncológico podría ser una carga muy grande para un paciente y representar muy poco recorte para el Estado.

A diez años vista, se vislumbran en el horizonte nuevas fuerzas actuantes que sin duda van a incorporar tensiones a la negociación. Sin embargo, algunos ejes de actuación de las partes involucradas ya pueden verse en el presente.

El colectivo de oncólogos sabe que debe hacer consideraciones sobre el coste, pero es reticente a tomar un papel activo en la reducción de presupuesto; para la mayoría su responsabilidad radica por encima de todo en ofrecer tratamientos clínicos eficaces.

Las autoridades evalúan cada vez más aspectos para dar un precio; los hospitales ejercen más presión sobre la prescripción; la Administración sabe que puede ejercer presión para que ciertos productos bajen su precio o retrasar su salida al mercado –por ejemplo, restringiendo sus indicaciones- pero no podrá parar la entrada de un fármaco basándose sólo en razones económicas.

Las empresas farmacéuticas conocen las distintas estrategias para lograr la aprobación de fármacos; necesitan recuperar cuanto antes la inversión pero saben que el impacto sobre el presupuesto de Sanidad será una variable de peso para establecer las indicaciones y el modo de tratamiento en que se autorizará un fármaco.

Los grupos de presión conocen y, probablemente, ejercerán el derecho de los pacientes a percibir el mejor tratamiento posible.

De la interacción de todas estas fuerzas surgirán las herramientas con que nuestros políticos negociarán con la Industria y el modo en que los agentes interesados en la negociación resolverán el problema. Conocer cuáles serán las vías de acción más probables, merece un estudio por parte de quienes se preparan para lanzar nuevos productos oncológicos.